El 24 de abril de 2022, Emmanuel Macron fue reelegido presidente de la República Francesa, derrotando a Marine Le Pen en la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Aunque hay mucho que celebrar en la no elección de la candidata de la extrema derecha, hay varias razones por las que preocuparse con este resultado.
Desde 2015 y los terribles atentados contra Charlie Hebdo, y posteriormente tras los atentados cometidos el 13 de noviembre en París, la lucha contra el terrorismo en Francia ha derivado en una represión sin precedentes contra los musulmanes y las expresiones islámicas en Francia, llegando a su paroxismo bajo el primer mandato de Emmanuel Macron. No es de sorprender, de hecho, que Emmanuel Macron ocupase la portada del Informe sobre la islamofobia en Europa 2020 (European Islamophobia Report 2020).
Un ataque directo a la espiritualidad
A pesar de que la islamofobia estructural y popular en Francia hunde sus raíces en las particularidades de su historia (su pasado colonial, su visión singular del laicismo, su universalismo y su enfoque asimilacionista de las minorías[1]…), su expresión se ha intensificado estos últimos cinco años, a través de una criminalización perpetua del islam y de los musulmanes.
La centralidad del argumento de la existencia de un «separatismo» de la «minoría» musulmana en los últimos años es muy preocupante y sugiere lo peor para los años venideros. Estos argumentos han sido apoyados por distintos think tanks (en particular el Institut Montaigne) o consultoras vinculadas al gobierno de Macron, que han elaborado un argumentario que justifica la existencia de una amenaza real a los valores «republicanos» franceses que se distancia de los esperados valores de Igualdad, Fraternidad y Libertad del país.
Uno de los puntos más preocupantes de esta nueva política es la identificación de la espiritualidad como factor responsable del radicalismo, el «separatismo» y el terrorismo. Aunque el radicalismo es un problema real, se ha eliminado su dimensión social en favor de una lógica simplista y culturalista que atiende únicamente a componentes espirituales.
Como parte de un esfuerzo por restringir la religión a su expresión interna, y por lo tanto al ámbito privado, el gobierno de Macron ha desarrollado una narrativa que criminaliza las prácticas o expresiones externas, “habituales”, de la religión, como es la oración.
Para ilustrar esta política basta con recordar las palabras del ex ministro del Interior Christophe Castaner, que en octubre de 2019 explicó ante una comisión de investigación que dejarse la barba, tener la «tabaâ«[2] y, por tanto, rezar con rigor o dedicar más atención a la religión durante el mes de Ramadán eran «señales débiles» y presagios de «radicalización»[3].
Esta lógica se inscribe en una teoría «continuista» sacada a la luz por los ministros de la era Macron. Una visión que sugiere que la actividad religiosa conduce inevitablemente al extremismo y, por tanto, al yihadismo. Una teoría que, a pesar de haber sido refutada e invalidada por numerosos investigadores internacionales, sigue siendo la tesis de la élite gobernante y de los intelectuales de los platós de televisión.
Como se denuncia en una tribuna, o, más bien, en una carta abierta firmada por más de treinta académicos e investigadores y publicada en la web del “Collectif Contre l’Islamophobie en Europe (CCIE)”, a través de esta política, Macron pretende erigirse como un «Gran Mufti» del Islam francés , definiendo lo que puede ser o no ser la doctrina islámica.
Vulnerabilidad de los derechos humanos bajo la era Macron
Sin embargo, el proyecto de Macron no se ha detenido en la elaboración de una nueva retórica destinada a influir directamente en la espiritualidad de millones de franceses, también actúa directamente sobre la población a través de su institucionalización.
Esta institucionalización del control del islam y de los musulmanes incluye la promulgación de la Ley para reforzar el respeto de los principios de la República[4], conocida como Ley contra el «separatismo islámico», que puso en marcha toda una serie de mecanismos destinadas a crear un «islam republicano de Francia».
La ley, promulgada el 24 de agosto de 2021, fue ampliamente debatida y se recurrió ante el Consejo Constitucional por poner en peligro -entre otras cosas- la libertad de asociación. Todas las asociaciones que reciben subvenciones públicas están ahora vinculadas por un «contrato de compromiso republicano», un término tan vago como peligroso, definido unilateralmente por el ejecutivo. Además de su carácter liberticida, esta ley es también el símbolo de un frenesí de seguridad y de una obsesión por el islam tristemente reminiscente del macartismo.
En este contexto, el Ministro de Interior, G. Darmanin, justificó la disolución de la asociación «Coordination contre le racisme et l’islamophobie» (Coordinación contra el racismo y la islamofobia), por afirmar que la islamofobia existe en la sociedad francesa. Como expresó en el decreto publicado a tal efecto el 20 de octubre de 2021: «trabaja activamente, en particular a través de las redes sociales, para cultivar la sospecha de islamofobia en la sociedad francesa».[5]
Otro mecanismo de control lo encontramos en la elaboración de la «Carta de los Principios del Islam de Francia»[6], así como con la creación de un organismo de gobierno de la cultura musulmana en manos del ejecutivo, llamado “Foro del Islam de Francia (FORIF)”[7], bajo el control del Ministerio de Interior.
Una defensa basada en la criminalización de la crítica
No obstante, lo más preocupante ha sido la criminalización de la crítica. Las críticas a las políticas de Macron han sido numerosas, y ONGs internacionales, como Amnistía Internacional y Human Rights Watch, han elaborado numerosos informes que describen y denuncian los excesos autoritarios y discriminatorios llevados a cabo por el gobierno. Sin embargo, estos informes han sido rápidamente desacreditados, bajo el argumento de la amenaza islamista o la necesidad de respeto de la laicidad.
De este modo, hoy en día en Francia parece complicado hablar abierta y libremente de «racismo de Estado» o «islamofobia institucional» sin correr el riesgo de ser etiquetado y acusado de incitar al odio a Francia y de promover el separatismo, lo que ahora se llama un «islamozquierdista«.
El año pasado, de hecho, se publicó una lista de personalidades calificadas como islamozquierdista, que reúne a más de un centenar de políticos, activistas o investigadores, en una página web de extrema derecha, Fdesouche. Una lista que incluía los datos personales de algunas personas.
Estas inquietantes prácticas son también, y sobre todo, el resultado de la política del gobierno de Macron. Como señala la diputada de Francia Insumisa Clémentine Autain:
«cuando Blanquer [Ministro de Educación] y Vidal [Ministro de Enseñanza Superior e Investigación] van a la guerra contra los «estragos del islamogauchismo», están contribuyendo a legitimar este tipo de recogida de datos. Estos métodos fascistas deben ser combatidos como tales».[8]
Estos dos ministros han protagonizado una campaña mediática agresiva, que reutiliza la retórica de la extrema derecha al evocar una forma de “gangrena” o “quinta columna” en las universidades. Esta oposición entre académicos, activistas antirracistas y el gobierno es también una oposición entre los enfoques y estudios científicos de los fenómenos sociales contra los discursos y argumentos demagógicos de carácter político.
Esta campaña se ha extendido al ámbito privado a través de la Ley de refuerzo de la seguridad interior y lucha contra el terrorismo (SILT), que entró en vigor el 1 de noviembre de 2017 en sustitución del estado de excepción, y que ha facilitado enormemente la implantación de la vigilancia y la intrusión en la vida personal de muchas personas.
En el marco de la lucha antiterrorista, esta ley permitió transferir al Ministerio del Interior competencias hasta entonces reservadas al poder judicial. Muchas de las disposiciones especiales contempladas en este régimen excepcional se han incorporado directamente al derecho ordinario. En particular el arresto domiciliario, los registros administrativos (ahora sujetos a la autorización de un juez judicial) o el cierre de lugares de culto son prerrogativas de Interior aplicables por «motivos graves para creer que la conducta constituye una amenaza para el orden público«.
¿Una situación intolerable?
El balance de la última legislatura no augura nada bueno para su recién renovado mandato. El afianzamiento de una administración represiva y autoritaria parece haberse normalizado e incluso podría inspirar a otros países europeos tras este liderazgo francés.
Estas políticas se han traducido, no solo es un mayor control del islam y las comunidades musulmanas en Francia, sino también, como recogía un artículo reciente del New York Times, en una creciente fuga de cerebros de los musulmanes franceses al extranjero. Este artículo, basado en distintas investigaciones realizadas por investigadores del Centro Nacional de Investigación Científica de la Universidad de Lille, de la Universidad de Lieja y la KU Leuven en Bélgica y la Universidad de Ámsterdam, destacaba cómo la discriminación ha sido a menudo un factor de peso para la salida del país, así como la existencia de un techo de cristal, o la referencia constante a una “no pertenencia a la identidad francesa”.
Tristan Semiond – FUNCI
Referencias
[1] Cabe recordar por ejemplo que Francia siempre se ha negado a aplicar el artículo 27 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos# o a ratificar el Convenio Marco para la Protección de las Minorías Nacionales.
[2] Marca en la frente formada por el roce regular de la cabeza sobre la alfombra de oración
[3] Declaración de Christophe Castaner par la Commission des lois, 8 octobre 2019. http://videos.assemblee-nationale.fr/vod.php?media=8204226_5d9ca9d57c415&name=%22Commission+des+lois+%%203A+M.+Christophe+Castaner%2C+ministre+de+l%E2%80%99Int%C3%A9rieur%22+du+8+octobre+2019
[4] Loi confortant le respect des principes de la République dite loi contre “le séparatisme islamiste”.
[5] Texto original: “elle œuvre activement, en particulier par l’intermédiaire des réseaux sociaux, à cultiver le soupçon d’islamophobie au sein de la société française” Décret du 20 octobre 2021 portant dissolution d’une association, JORF n°0246 du 21 octobre 2021 Texte n° 64.
[6] Charte des principes de l’islam de France.
[7] Forum de l’islam de France.
[8] Fabien Leboucq. “Que sait-on de cette liste de personnalités «islamogauchistes» hébergée par Fdesouche ?”, Libération, 17/09/2021. [En linea] https://www.liberation.fr/checknews/que-sait-on-de-cette-liste-de-personnalites-de-gauche-hebergee-par-un-site-dextreme-droite-20210917_FTMFIQ3JUFDFXIQLFTL2J4DWXE/
Sin comentarios