Alfonso Casani – FUNCI
En el último mes, dos acontecimientos en torno a Palestina han ocupado las portadas de los periódicos, que reflejan la situación de violencia, desigualdad y opresión bajo la que continúa viviendo la población de este territorio.
Mientras que estos días la población palestina está captando la atención de los medios internacionales debido al desalojo forzoso del barrio de Sheikh Jarrah, en la zona ocupada de Jerusalén Este, el mes pasado, Israel anunciaba haber logrado la inmunidad de grupo frente a la Covid-19 para la población israelí, en un claro contraste con la grave situación sanitaria que vive la población de origen palestino. Ambas situaciones reflejan un proceso planificado y gradual de opresión y supresión de la población palestina.
El País. DPA, vía Europa Press.
Los enfrentamientos de los que somos testigos estos días, que se han extendido por el país y se han cobrado ya más de 70 muertos, son una respuesta a la decisión judicial de dictar el desalojo forzoso de la población palestina del barrio de Sheik Jarrah para dar paso a asentamientos israelíes ilegales.
El conflicto se remonta al reasentamiento de familias palestinas, consecuencia del éxodo palestino o nakba, tras la creación del Estado de Israel en el año 1948. Estas familias se asentaron en Jerusalén Este, parte de Cisjordania, en aquel momento un territorio bajo la jurisdicción de Jordania. Este país había impulsado un acuerdo de reasentamiento de palestinos en colaboración con la UNRWA (Agencia de la ONU para refugiados palestinos). Este acuerdo, sin embargo, no llegó a completarse debido a la derrota y pérdida del mandato de Jordania sobre estos territorios tras la guerra de Seis Días en 1967 y a la ocupación ilegal de Israel de los mismos.
La reubicación de israelíes en este barrio constituye una reivindicación constante desde entonces. Sin embargo, estos enfrentamientos trascienden la situación específica de Sheikh Jarrah, y se enmarcan en un proceso continuado de ocupación ilegal de territorios por parte de Israel y de expulsión de la población palestina. La ONU calcula que, hasta 2019, Israel ha construido 150 asentamientos y 128 puestos fronterizos en territorios palestinos.
Un apartheid sanitario
Estos enfrentamientos no son sino un ejemplo más de la grave situación en la que vive la población palestina bajo la ocupación israelí. Los territorios palestinos se enfrentan a altos niveles de pobreza y desigualdad (aproximadamente, 1,4 millones de palestinos viven en una situación de pobreza, conforme a las cifras del Banco Mundial), excluidos política, social y económicamente por las fuerza de ocupación. Esta situación se agrava en la Franja de Gaza, desvinculada del resto de territorios, que depende de las ayudas internacionales y carece de seguridad alimentaria, sanitaria y energética. Esta circunstancia se ha visto agravada desde el estallido de la pandemia de la Covid-19 a comienzos del año 2020. Bajo esta situación de opresión y fragilidad institucional, la Autoridad Nacional Palestina carece de los instrumentos necesarios para hacer frente a una crisis de tamaña magnitud.
La reacción a esta crisis y el desarrollo de una estrategia de confrontación de la pandemia a dos claras velocidades muestra, de nuevo, la desigualdad existente entre la población israelí y palestina, así como la connivencia de Israel con la propagación de este virus entre la población palestina.
Israel inició su campaña de vacunación en diciembre de 2020 y ha sido un país pionero en la distribución de vacunas entre su población. Desde entonces, el gobierno israelí ha vacunado a más de 5,3 millones de personas, aproximadamente un 53% de su población. Esta cifra, añadida a los, aproximadamente, 830.000 israelíes que ya han superado la enfermedad, le acerca a la elevada cifra del 68% de población inmune (sea de forma natural, mediante la generación de anticuerpos por la superación del virus, o a través de vacunas).
La reacción a esta crisis y el desarrollo de una estrategia de confrontación de la pandemia a dos claras velocidades muestra, de nuevo, la desigualdad existente entre la población israelí y palestina, así como la connivencia de Israel con la propagación de este virus entre la población palestina.
La inmunidad de grupo se produce cuando un alto porcentaje de la población genera anticuerpos frente a un virus, interrumpiendo la cadena epidemiológica y dificultando la propagación de la enfermedad. Aunque se trata de un tema aún discutido entre la comunidad científica, los expertos consideran que la inmunidad de grupo se obtiene cuando el porcentaje de población inmune oscila entre el 65% y el 70%. El 24 de abril, Israel registró la primera fecha sin fallecimientos desde el comienzo de la pandemia.
Por el contrario, en Cisjordania y la franja de Gaza, poco más de 301.000 de los 5,2 millones de palestinos residentes han sido vacunados; es decir, solamente el 6% de la población. El contraste se intensifica con las reticencias mostradas por el gobierno israelí a la cesión de vacunas a los territorios ocupados y las dificultades que, de forma general, encuentra la población palestina para acceder a un sistema sanitario gravemente debilitado tras décadas de ocupación.
Como parte de su campaña sanitaria, Israel ha vacunado a, aproximadamente, 100.000 palestinos con permiso de residencia en sus territorios (una decisión que no se adoptó hasta marzo, cuatro meses después de haber comenzado la vacunación de los nacionales israelíes), y ha cedido la reducida cifra de 5.000 vacunas para los palestinos residentes en Cisjordania y Gaza. Esto hace que la vacunación en los territorios palestinos dependa casi exclusivamente de las contribuciones internacionales. En concreto, de las vacunas importadas a través de la iniciativa Covax para la cesión a países en vías de desarrollo de las Naciones Unidas, así como de las donaciones realizadas por Rusia y Emiratos Árabes Unidos.
Interpretación jurídica y crimen humanitario
Como telón de fondo de esta necesidad de cobertura sanitaria, nos encontramos con un desacuerdo en torno a la interpretación de los puntos estipulados en los Acuerdos de Oslo firmados en 1993. También con una violación sistemática de los derechos humanos de la población palestina y del derecho internacional.
Vacunación en los territorios palestinos (Photo by HAZEM BADER/AFP via Getty Images)
Los Acuerdos de Oslo reconocieron la creación de un órgano de autogobierno interino, la Autoridad Nacional Palestina, para los territorios palestinos. Como parte de este acuerdo, se cedía la capacidad de gestión sanitaria a este órgano. Un hecho que ha mencionado el actual gobierno israelí para justificar su falta de asistencia médica. Sin embargo, estos mismos acuerdos estipulan también la necesidad de cooperación y cobertura común ante casos de “epidemia y enfermedades contagiosas”, una responsabilidad que el gobierno israelí ha preferido ignorar.
Más de 4,5 millones de palestinos permanecerán desprotegidos y expuestos a la Covid-19, mientras que los israelíes que viven junto a ellos – incluyendo a la población colona israelí – estarán vacunados.
Por su parte, la ONU ha reivindicado la necesidad de aplicación de los Convenios de Ginebra que, firmados en 1949, establecieron las bases del derecho internacional humanitario. En concreto, la aplicación del Cuarto Convenio de Ginebra, que obliga a la potencia ocupante a proveer cuidados sanitarios a la población ocupada. Se trata, en resumidas cuentas, del reconocimiento del derecho a la salud, y la violación continuada de este derecho humano por parte del Estado de Israel. Esta desprotección sanitaria no se reduce exclusivamente a la crisis provocada por el coronavirus, sino que afecta regularmente al acceso a un sistema sanitario por parte de la población palestina de Gaza y Cisjordania.
El Banco Mundial considera que la vacunación de, al menos, un 60% de la población palestina supondría un gasto aproximado de 55 millones de dólares, de los cuales estima que la ANP podrá cubrir menos de la mitad, y ello contando con las ayudas internacionales recibidas. Esta estimación dejaría a dos tercios de la población en una situación de vulnerabilidad ante la pandemia y frenaría la consecución de la inmunidad de grupo.
Como afirmaba un experto de Naciones Unida: “Esto significa que más de 4,5 millones de palestinos permanecerán desprotegidos y expuestos a la Covid-19, mientras que los israelíes que viven junto a ellos – incluyendo a la población colona israelí – estarán vacunados. Este acceso diferenciado a los servicios sanitarios en un contexto de la peor crisis sanitaria en un siglo es inaceptable moral y jurídicamente.”
Esta situación subraya la profundidad del conflicto palestino, que trasciende los enfrentamientos actuales y se enmarca en un proceso de ocupación, opresión y eliminación gradual y sistemático del pueblo palestino.
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