Alfonso Casani – FUNCI
Este mes de agosto, el mar Mediterráneo ha ocupado un lugar especial en las portadas de todos los periódicos de tirada nacional e internacional, no solo, como suele ser habitual, por razones del verano, sino, también, por la crisis política desatada por el barco de salvamento de Open Arms y su solicitud para atracar en las costas europeas tras el rescate de 124 personas. Esta solicitud ha sido sucedida por una auténtica crisis política desde el punto de vista europeo, que, durante 20 días, ha condenado al Open Arms y a sus pasajeros a la deriva. Lamentablemente, no es la primera vez que asistimos a este espectáculo, ni, a juzgar por las declaraciones y actuaciones de los países europeos, será la última.
Finalmente, el 30 de agosto, sus peripecias (al menos en esta etapa inicial) han terminado, con la llegada a las costas españolas del buque marítimo “Audaz”, que transportaba a los 15 refugiados que España se ha comprometido a acoger. La distribución de los refugiados entre los distintos Estados de acogida constituye una de las razones de conflicto entre los países europeos (finalmente, las 124 personas rescatadas se distribuirán entre Luxemburgo, Francia, España, Alemania y Portugal), como también lo ha sido la decisión de en qué puerto debería atracar este barco (y, por ende, qué país debería hacerse cargo de la tramitación del asilo de sus ocupantes). Sin embargo, la principal razón del conflicto tiene un carácter simbólico. Como expresó Matteo Salvini, ministro de interior de Italia, “Italia no está dispuesta a ser puerta de entrada” para la inmigración de Europa. Y es que esta crisis ha servido para confirmar dos cosas, lamentablemente ya constatadas en ocasiones anteriores.
La primera de ellas es la falta de solidaridad con los refugiados por parte de la Unión Europea. Ningún país europeo quiere convertirse en el baluarte de la acogida de refugiados, ni quiere ser identificado como tal por el resto de Europa. De nuevo atendiendo a las declaraciones de Salvini una vez quedó claro que el Open Arms no atracaría en Italia, éste expresaba: «Una buena noticia. Quien resiste, vence. Solo contra todos (…). El Gobierno español abre los puertos».
En segundo lugar, queda claro, de nuevo, la ausencia de una política migratoria y de asilo y refugio coherente por parte de la UE. Sus instituciones han mostrado en numerosas ocasiones su falta de voluntad y su incapacidad para imponer una solución a los Estados miembro. No solamente se incumplieron las cifras de reparto de refugiados inicialmente acordadas en el seno de la UE, sino que la tibia respuesta a la crisis vivida este verano refuerza la imagen de desinterés de esta entidad supranacional por alcanzar una solución que pueda beneficiar a la población procedente de países en conflicto. Esta pasividad contrasta con la agresividad de una xenofobia que avanza rampante en los parlamentos de toda Europa.
En España, la postura mantenida no es muy diferente, un reflejo más de la incoherencia e indecisión sobre cómo afrontar la situación en el Mediterráneo que se vive en todo el continente.
En España, la postura mantenida no es muy diferente, un reflejo más de la incoherencia e indecisión sobre cómo afrontar la situación en el Mediterráneo que se vive en todo el continente. Las reticencias del gobierno de acoger al barco, e incluso su amenaza de multarle con 901.000 euros en caso de atracar en un puerto español, se suman a las acusaciones iniciales de Pablo Casado (PP) de estar contribuyendo al “efecto llamada” entre la población migrante, y a las críticas de VOX al Open Arms y sus muestras de solidaridad con la política italiana. El día 29, en la intervención de Carmen Calvo, vicepresidenta del gobierno, ante el Congreso para explicar la gestión del caso Open Arms, Abascal (VOX) aludía a los peligros de una “avalancha migratoria”, su aprovechamiento de las ayudas sociales, el riesgo de “infiltración terrorista”, o, de nuevo, a este posible “efecto llamada”. Agitaba, así, todos los fantasmas empleados por la extrema derecha en Europa para referirse a la inmigración.
El deber de asistencia
Sin embargo, como se han encargado de señalar activistas y una parte de la prensa, estas posturas chocan con la jurisdicción internacional y el deber de asistencia, o, mejor dicho, con lo que el Código Penal español reconoce como el “delito de omisión de socorro”. También con el “derecho a la vida” reconocido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos y el Convenio de Derechos Humanos del Consejo de Europa, entre muchas otras convenciones.
También contradice cualquier precepto ético o moral con los que los países occidentales tratan de asociar sus democracias. No solo por dar la espalda a los refugiados, sino por obstaculizar de manera activa las labores de salvamento realizadas en el Mediterráneo. Como denunció el Consejo de Derechos Humanos de la ONU en 2018, estamos asistiendo a un proceso de criminalización de las ONG que luchan por salvar vidas en este mar. Muchas ONG se han visto obligadas a suspender su actividad, mientras que los activistas son juzgados por contribuir a la trata de seres humanos. Sin ir más lejos, desde España, pudimos asistir al juicio de la activista Helena Maleno en Marruecos, o del grupo de bomberos juzgados por su asistencia marítima a refugiados en Grecia; todos ellos, por suerte, absueltos. El propio ministro de interior español, Juan Ignacio Zoido, tuvo que disculparse por esta asociación perniciosa en 2017; y, sin embargo, dos años más tarde, el tratamiento que ha recibido el Open Arms nos demuestra que esta relación negativa no ha cambiado.
Una situación reiterativa
Como se ha expuesto, no es la primera vez que asistimos a una situación así, ni en lo que respecta a las dificultades a las que se enfrentan las ONG, ni, mucho menos, a la crisis humanitaria que se está viviendo en el Mediterráneo.
La Agencia de la ONU para los refugiados, ACNUR, calcula que, aproximadamente, 2.277 personas fallecieron en el Mediterráneo en 2018. En lo que va de año 2019, se estima que este número se ha reducido a la, aún espeluznante, cifra de 894 muertos. Sin ir más lejos, el 27 de agosto, mientras se celebraba la “resolución” de la crisis del Open Arms, las autoridades libias anunciaban un nuevo naufragio, cuyo número de víctimas se teme que ascienda a las 40 personas.
Un #11Oct de 2013 al menos 268 personas murieron ahogadas cerca de Lampedusa después de que autoridades de Italia y Malta no acudieran a su rescate, pese a recibir varias llamadas de socorro. Cinco años después seguimos igual o incluso peor. pic.twitter.com/dIDTs91yIj
— CEAR (@CEARefugio) October 11, 2018
Ya en 2013, una grabación filtrada por el diario L’Espresso mostraba cómo las autoridades costeras de Malta e Italia se resistían a rescatar a una patera naufragada. Sus reticencias y esfuerzos por que fuesen las autoridades contrarias las que se encargasen del asunto llevó a la trágica muerte de las 268 personas que se encontraban en el barco. Aunque con un final más positivo, la situación vivida este verano no dista mucho de aquella de 2013. Seis años más tarde la actitud de los gobiernos europeos continúa siendo la misma.
Nos encontramos ante un mundo cada vez más interdependiente, en el que las fronteras, supuestamente, deberían ser más porosas. Sin embargo, el individualismo y las cuotas de egoísmo mostradas por los gobiernos son cada vez mayores. Si queremos que la situación cambie, y la respuesta hacia los refugiados sea diferente, no sólo necesitamos una reforma legislativa, sino también una transformación en el terreno ético-moral, y una población crítica que no permita que los gobiernos sigan implementando políticas de negación o vacilación ante la crisis humanitaria que se vive en el Mediterráneo.
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