A raíz del reciente brutal asesinato del ciudadano afroamericano George Floyd en Mineápolis, EEUU, a manos de un policía, y la ola de manifestaciones y protestas internacionales que este hecho ha suscitado, han salido a la luz los numerosos casos de racismo ligados a la crisis provocada por el COVID-19 en el mundo. Internacional Decade for People of African Descent y Rights International Spain han publicado un informe bajo el lema ‘Racismo y xenofobia durante el estado de alarma en España’ que evidencia los numerosos casos de discriminación en nuestro país. Recogemos tan solo algunos ejemplos.
«El informe Crisis sanitaria COVID-19: racismo y xenofobia durante el estado de alarma se redacta en el marco de una iniciativa global de recogida de datos desagregados y desde la necesidad de visibilizar el impacto de las medidas de confinamiento sobre las minorías étnico raciales vulnerables, el racismo estructural e institucional en España.
El documento, impulsado desde la sociedad civil y por solicitud de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), pone de manifiesto la necesidad y urgencia de tomar medidas a corto, medio y largo plazo hacia la eliminación de la discriminación racial.
El Grupo de Trabajo integrado por el Equipo de Implementación del Decenio Afrodescendiente en España en colaboración con Rights International Spain (RIS), recogimos información sobre las manifestaciones de racismo y xenofobia ocurridas entre el 15 de marzo y el 2 de mayo 2020. Para ello, invitamos a las personas y organizaciones sociales que lo desearan, a compartir sus preocupaciones así como los posibles impactos negativos sufridos o detectados, como consecuencia de las respuestas del gobierno al COVID-19.
El documento, impulsado desde la sociedad civil y por solicitud de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH), pone de manifiesto la necesidad y urgencia de tomar medidas a corto, medio y largo plazo hacia la eliminación de la discriminación racial.
El Grupo de Trabajo encargado de realizar este informe, agradece el apoyo de todas aquellas personas y organizaciones que compartieron información sobre la situación de los derechos humanos de grupos minoritarios, entre ellos, personas migrantes, gitanas y afrodescendientes.
El informe recoge más de 70 incidentes racistas y prácticas institucionales discriminatorias llevadas a cabo durante el estado de alarma. A través de una serie de recomendaciones, el documento también hace un llamamiento al gobierno español para que ponga fin a las manifestaciones de racismo y xenofobia en todos los planos de la vida social y política a nivel nacional.
El uso de perfiles raciales por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado es “una práctica endémica en España”, así lo concluyó El Grupo de Trabajo de Expertos sobre los Afrodescendientes ante el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDH) en 2018. En septiembre 2019, las consecuencias de esta actuación quedaron recogidas en el informe “Bajo sospecha, Impacto de las prácticas policiales discriminatorias en España”16 elaborado conjuntamente por Rights International Spain (RIS) y Open Society Justice Initiative (OSJI).
El Defensor del Pueblo recomendó en varias ocasiones la adopción de medidas concretas para acabar con el uso de estos perfiles tras recibir durante años quejas interpuestas por víctimas y testigos de controles discriminatorios llevados a cabo por agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
España ya fue condenada por el Comité de Derechos Humanos de la ONU en el año 2009 por la identificación de la ciudadana Rosalind Williams “únicamente en razón de sus características raciales”. En la actualidad, el caso de Zeshaan Muhammad. España se encuentra pendiente de sentencia en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEHD), tras denunciar una identificación racista sufrida en el año 2013.
Presencia policial y militar en la vía pública
En un contexto de fuerte presencia policial y militar en la vía pública a raíz del estado de alarma decretado por el gobierno, se han dado numerosas quejas y denuncias por la práctica de perfiles raciales realizadas por diferentes organizaciones y asociaciones antirracistas diseminadas por todo el territorio español:
La organización SOS Racismo Madrid indicó que, entre el 15 de marzo y el 7 de abril, se realizaron en la capital por parte de la Policía Nacional al menos trece identificaciones por perfil racial, cuatro a jóvenes marroquíes y ocho a hombres afrodescendientes cuando todos ellos se dirigían a realizar compras básicas. Cuatro de estas identificaciones se realizaron a personas en situación administrativa irregular -quienes fueron amenazadas con ser “expulsadas del país en cualquier momento”, por lo que estas personas, señalan desde la ONG, se vieron obligadas a un confinamiento total- no pudiendo ejercer el derecho de adquirir alimentos de primera necesidad “por miedo a la policía”.
El 28 de marzo, un hombre senegalés fue parado por una patrulla de la Policía Local cuando se dirigía hacia una lavandería del distrito Carabanchel en Madrid. Se identificó con su pasaporte puesto que se encontraba en situación administrativa irregular. Los agentes llamaron por radio para reseñarle mientras le subían al vehículo policial. Cuando preguntó qué delito había cometido, le contestaron que no podía hablar. En el vehículo le preguntaron si tenía antecedentes penales y, mientras esperaban la respuesta de la centralita, le dieron una vuelta por los alrededores. Finalmente, fue llevado a comisaría donde se le impuso una sanción por saltarse el confinamiento y apercibido
de no salir a la calle si no quería “tener más problemas”. Desde entonces no salió ni a comprar.
El Defensor del Pueblo recomendó en varias ocasiones la adopción de medidas concretas para acabar con el uso de estos perfiles tras recibir durante años quejas interpuestas por víctimas y testigos de controles discriminatorios llevados a cabo por agentes del Cuerpo Nacional de Policía.
Un día después, dos jóvenes marroquíes que llegaron al territorio español siendo menores no acompañados (MENAS) fueron identificados por la Policía Nacional en el madrileño distrito de Vallecas. Los agentes les obligaron a volver a sus casas avisándoles que no podían salir de casa bajo ningún concepto. Fueron amenazados con ser detenidos por encontrarse en situación administrativa irregular. Los jóvenes sobreviven al estado de alarma gracias a las organizaciones sociales que les llevan alimentos de vez en cuando.
Policía Nacional
De la información recabada mediante los cuestionarios en línea, un 56,41% (22 de un total de 39) de las vulneraciones a manos de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado denunciadas fueron realizadas por la Policía Nacional.
El 7 de abril, un joven de Guinea Conakry en situación administrativa irregular que vivía en la zona de la estación de Oporto en Madrid acudió a una de las asociaciones que repartían alimentos en Lavapiés. Fue parado por la Policía Nacional y, desde entonces, no quiso abandonar su domicilio. Describió este encuentro como “muy racista”.
Un día después, dos chicos árabes solicitantes de asilo que salieron a comprar fueron identificados por agentes de la Policía Nacional que les pidieron sus “papeles”. Uno de ellos fue llevado a comisaría porque no llevaba encima la tarjeta roja acreditativa de su estatus como solicitante de asilo. Salió sin sanción una vez identificado. Contó que el trato en comisaría fue vejatorio, que le hablaron de forma racista, en tono despectivo y le llamaron “moro”.
Apenas diez días después, sobre las 23:00 horas, otro joven camerunés en situación administrativa irregular se dirigió por la calle Embajadores hacia la farmacia de guardia de la calle Acacias en Madrid. La policía le dio el alto, cuando explicó el motivo de su salida los agentes se rieron de él e imitaron su acento. Mientras era multado por desobediencia al considerar que se saltaba el confinamiento, defendía su derecho a comprar en la farmacia. Le contestaron que se callara porque no tenía “papeles” y le amenazaron con detenerle.
Situación administrativa irregular
El contexto actual supone una dificultad añadida para las personas en situación administrativa irregular. Su situación legal también les impide disfrutar del derecho a trabajar, por lo que no pueden adquirir el certificado acreditativo de necesidad de desplazamiento por motivos laborales hasta el lugar de trabajo.
Una mujer colombiana en situación irregular que se dedicaba al servicio de hogar y cuidados de dos ancianos fue amenazada con ser deportada tras recibir un trato de “hostigamiento” por parte de la Guardia Civil, el pasado 7 de abril en Segovia. Antes de impedirle acudir a su lugar de trabajo y mandarla a su casa, los agentes le indicaron que “debía irse a su país”.
Otra mujer latinoamericana fue identificada en la Puerta del Sol en Madrid cuando acudía a trabajar en la limpieza y cuidado de menores. La Policía Nacional le permitió volver a su casa, pero perdió su empleo y le comunicaron que podía ser multada o detenida para su deportación.
Brutalidad contra personas con trastornos mentales
Más allá de las consecuencias psicológicas que puede generar el confinamiento obligatorio, la incertidumbre sobre el COVID-19 y la ruptura con la normalidad, como han señalado diferentes estudio publicados en diferentes países, tienen además un impacto negativo en las personas
que ya presentaban previamente cuadros médicos de trastornos. Sobre estas personas, la respuesta proporcionada por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado cuando han salido a la vía pública ha sido desproporcionada.
El día que comenzaba oficialmente el estado de alarma, un grupo de siete policías nacionales arrestó en Lavapiés (Madrid) a una persona afrodescendiente por permanecer en la calle. El joven, en situación de calle y con problemas mentales, estaba en la plaza jugando al balón cuando aparecieron siete motocicletas, un coche patrulla y una furgoneta de la Policía Nacional. En los vídeos grabados por los vecinos del barrio, se observa que no opuso resistencia, sin embargo, fue reducido con mucha violencia y esposado en uno de los vehículos.
El 28 de marzo, un hombre argelino fue agredido por la Policía Nacional en las proximidades del metro Embajadores (Madrid). Se trataba de una persona en seguimiento médico-psiquiátrico e intervención social por trastorno mental y síndrome de abstinencia. Su mujer fue quién denunció los hechos: explicó que debido a un ataque de ansiedad, su marido salió a buscar tabaco a casa de un amigo, ya que no disponía de dinero para comprarlo. Cuando fue parado, el hombre no pudo demostrar su situación mental y fue violentamente reducido mientras gritaba que tenía problemas mentales. Según su mujer, la respuesta policial fue que “los locos también tienen que estar en casa”.
El 29 de marzo, otro hombre magrebí regresaba de una carnicería ubicada en el barrio de San Francisco en Bilbao, cuando fue identificado por agentes de policía de la Ertzaintza (policía autonómica del País Vasco). Una vecina grabó desde su balcón imágenes de las autoridades
reduciendo fuertemente al joven que no opuso resistencia. La madre del joven acudió al lugar de los hechos alertada por los vecinos y fue también reducida violentamente, mientras trataba de explicar que su hijo sufría un trastorno de salud mental. Los dos fueron detenidos y trasladados a dependencias policiales. Unas horas más tarde, el Departamento de Seguridad del gobierno vasco anunció una investigación para determinar si la actuación de los agentes había sido correcta. Sin embargo, semanas más tarde al menos dos vecinos fueron sancionados con multas por haber grabado y difundido las imágenes de la brutal actuación policial en las redes sociales. También señalaron haber sufrido acoso e intimidación por parte de la Ertzaintza.
Conclusiones
A pesar de que varios mecanismos independientes de las Naciones Unidas han emitido numerosas recomendaciones al Gobierno de España respecto a la violencia policial, el perfilamiento étnico racial, el racismo institucional y estructural, la explotación laboral de las personas afrodescendientes y otros grupos étnico raciales, éstas no sólo no se han abordado con eficacia real como demuestran los datos y la realidad, sino que han aumentado durante la pandemia global provocada por el COVID-19.
La pandemia del COVID-19 ha dejado claro que no todas las personas disfrutamos de los mismos derechos en igualdad de condiciones y ha puesto de manifiesto el impacto dramático de la pandemia sobre las personas racialmente diversas, no debido a patologías médicas preexistentes sino a desigualdades en materia de salud, riqueza y vivienda.
Existen grupos de la población que tienen mayor riesgo de enfermar por su situación de exclusión y pobreza. Por ello, la respuesta a la crisis debe incluir cambios estructurales que aborden las desigualdades en materia de salud y socioeconómicas resultado del racismo estructural que sufren las personas afrodescendientes y racialmente diversas y de un sistema económico que favorece estas desigualdades.
Frente al aumento del racismo evidenciado durante la crisis sanitaria, la administración pública se ha caracterizado por su silencio y su falta de actuación contundente frente a la violencia policial, el perfilamiento racial, los delitos de odio y el racismo institucional ejercido sobre las personas afrodescendientes y racialmente diversas.
La pandemia del COVID-19 ha dejado claro que no todas las personas disfrutamos de los mismos derechos en igualdad de condiciones y ha puesto de manifiesto el impacto dramático de la pandemia sobre las personas racialmente diversas.
Desde el Ministerio del Interior, no se ha cumplido con la obligación de iniciar investigaciones prontas, exhaustivas y efectivas de todo acto de brutalidad y uso excesivo de la fuerza por parte de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
La Dirección General para la Igualdad de Trato y Diversidad Étnico Racial, que además asume la coordinación de las políticas de la administración general en esta materia no ha incluido de manera sustancial la perspectiva étnico-racial ni medidas específicas contra la discriminación racial en la respuesta del Gobierno de España para hacer frente a la crisis sanitaria. Las recomendaciones del Consejo para la Eliminación de la Discriminación Racial o Étnica del 13 de abril 2020 no tuvieron ningún impacto significativo en las múltiples formas de discriminación racial expuestas en este informe.
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