A finales de septiembre, el gobierno Chino anunció el cambio oficial de nombre del río Airy (que cruza el norte del país) por el de Diannong, debido a que el primero de los nombres sonaba “demasiado árabe”. Este hecho, si bien puede parecer una simple anécdota de islamofobia, es el mejor reflejo de la campaña de represión que, desde el gobierno, se está promoviendo contra la población musulmana en China.
Son muchas las fuentes que, desde hace más de un año, denuncian cómo estas medidas están afectando con especial virulencia a la etnia Uigur, de religión musulmana, en su mayoría asentada en la región de Xinjiang, una región autónoma al noroeste del país.
Esta persecución religiosa nos recuerda, en sus motivos y violencia, a la limpieza étnica que, en la misma región, se está produciendo contra los Rohingya en Myanmar, con una especial prominencia en los años 2016 y 2017. Sin embargo, no es el área geográfica y la motivación religiosa lo único que comparten ambas campañas estatales, también tienen en común la limitada reacción internacional y la complacencia con la que ambas se están produciendo.
Limpieza étnica en Myanmar
La limpieza étnica de los rohingya tuvo su pico mediático en el verano de 2017, cuando ACNUR denunció el desplazamiento de aproximadamente 400.000 refugiados a lo largo del verano, huyendo de la represión ejercida por el ejercito birmano.
Los Rohingya son una minoría localizada, principalmente, en Myanmar, donde alcanzan el millón de personas. Se trata de una minoría musulmana (la mayoría del país es budista) que habla su propio idioma. Aunque los Rohingyas se instalaron por primera vez en Myanmar, la antigua Birmania, en el s. XII, su número aumentó considerablemente durante la colonización británica (1824-1948), desplazándose desde otros países de la región. Pese a esta larga presencia histórica en el país, el gobierno birmano los considera nuevos inmigrantes y ha rechazado otorgarles la nacionalidad, condenándoles a ser apátridas. De hecho, en la actualidad, representan un 10% de todos los apátridas del mundo, aproximadamente.
Entre las restricciones a las que hacen frente, los Rohingya tiene prohibido casarse o viajar sin permiso de las autoridades. No pueden poseer tierras ni propiedades, y su natalidad está sujeta a control institucional.
Esta persecución religiosa nos recuerda, en sus motivos y violencia, a la limpieza étnica que, en la misma región, se está produciendo contra los Rohingya en Myanmar, con una especial prominencia en los años 2016 y 2017.
El estallido popular comenzó en 2012, con el enfrentamiento entre nacionalistas Rohingya y las autoridades birmanas, que provocó una primera ola de desplazamientos a los países vecinos y a campos de refugiados establecidos en la región de Rakhine. Esta situación se deterioró en el agosto de 2017, tras una serie de ataques cometidos por el grupo insurgente Ejército de Salvación Arakan Rohingya (ARSA, de acuerdo con sus siglas en inglés), asentado en la región de Rakhine. Los ataques desencadenaron una fuerte respuesta por parte de las autoridades militares, que se ha traducido en una renovada persecución a la comunidad Rohingya, que va desde la destrucción de sus pueblos a la persecución y masacre de su población.
Todo ello ha desembocado en en una grave crisis humanitaria y en la huida de más de un cuarto de millón de Rohingya a través de la frontera birmana, en una situación que Naciones Unidas no ha dudado en calificar de genocidio humano. Otros países, como Bangladesh o Turquía, principales receptores de refugiados Rohingya, se han sumado a estas declaraciones; mientras que países como Arabia Saudí, Pakistán o Malasia han abierto sus fronteras para acoger a la población huida.
La represión de los Uighures
Con menor resonancia internacional, la situación actual de los Uighures constituye otro dramático caso de discriminación y persecución étnica y religiosa, intensificada a lo largo de los últimos años. Los Uighures son una minoría musulmana sunní, residente en la región autónoma de Xinjiang, en el noroeste de China, con una idioma propio y una cultura más cercana a la de sus vecinos de Asia Central.
Bajo control chino desde la Revolución comunista de 1949, los Uighures se han visto gradualmente marginados por la campaña de sinización promovida por el gobierno chino, así como por la inmigración de una gran afluencia de miembros de la etnia Han (la mayoritaria en el país) a la región, también promovida por las autoridades.
Esta situación empeoró tras los atentados terroristas perpetrados contra el World Trade Center, el 11 de septiembre de 2001, en Nueva York. El contexto internacional de lucha contra el terrorismo y presión contra el islam permitió a China promover una campaña de ataque mediático contra los Uighures, a los que representa como un movimiento separatista, aliado de al-Qaeda.
El aumento de tensiones, que condujo a fuertes enfrentamientos entre las minorías Uighures y las autoridades chinas en 2009, se ha traducido en la aplicación de medidas que tienen por fin “combatir el extremismo”. Entre las medidas promovidas, que incluyen la promoción de campañas identitarias propagandísticas y la represión de la población Uighur, destaca la creación de campos de “reeducación” desde 2014. De acuerdo con las cifras proporcionadas por Amnistía Internacional, estos campos de concentración pueden albergar, en la actualidad, hasta un millón de Uighures.
¿Una nueva noticia?
Estos casos, brevemente descritos, reflejan la persecución de dos minorías étnicas y religiosas, con el objetivo de suprimir su identidad dentro de sus propios marcos nacionales. Si bien es cierto que, en el contexto asiático, deben ser entendidos como casos excepcionales (Asia alberga, al fin y al cabo, el mayor porcentaje mundial de musulmanes), es llamativo el silencio que ha rodeado a ambas campañas de represión. Pese a que, a lo largo del último año, la represión contra ambas minorías y los refugiados generados por su persecución hayan dado el salto mediático, colándose, por fin, en los noticieros y periódicos de los países occidentales (especialmente en la prensa internacional), el presente artículo expone una campaña de violación sistemática de derechos humanos que lleva produciéndose desde hace más de dos décadas, y que, aunque amplificada a desde 2017, se ha desarrollado de manera visible y gradual.
Esto nos conduce a preguntarnos, ¿cómo ha sido posible que se haya recibido tan poca atención mediática e internacional? Y la siempre presente pregunta, ¿hubiese recibido una mayor atención mediática de haberse producido en Occidente? Si bien son numerosos los factores que pueden alegarse para explicar esta situación, el etnocentrismo occidental y la islamofobia parecen tener un importante peso como elemento justificativo. Como afirmaba el académico Hamid Dabashi en un artículo para Aljazeera:
“Imagina, sólo por un minuto, si fuesen judíos o cristianos, o los “pacíficos budistas” los que estuviesen siendo perseguidos por los musulmanes. Compara la distinta atención mediática que se ha otorgado a los asesinos musulmanes de ISIS, frente a la escasez de noticias que se ha concedido a los asesinos budistas de Myanmar.”
Finalmente, parece que la comunidad internacional ha comenzado a reaccionar. Sin embargo, entre tanto, más de un millón de personas (Rohingyas o Uighures) han sido desplazadas de su hogar, obligadas a encontrar refugio en los países vecinos o encerradas en campos de concentración.
Alfonso Casani
Investigador de la Fundación de Cultura Islámica
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